Boletín de noticias

Descubra cómo mejoramos sus procesos

Descubra cómo mejoramos sus procesos de negocio a partir de una idónea gestión de los riesgos para asegurar el cumplimiento regulatorio y la continuidad de negocio.

Nos especializamos en incrementar la satisfacción de sus clientes/usuarios, accionistas, proveedores y demás partes interesadas que participan en la cadena de valor de su modelo de negocio y que permite que sus productos y servicios sean entregados con calidad, oportunidad y con la mejor relación “valor-precio-costo” que se paga por ellos:

Virtual Risk Management reúne a una red de profesionales comprometidos con el futuro de las personas y organizaciones.

Ayudamos a transformar el entorno del presente a partir de un diagnóstico integral que permite identificar las capacidades actuales y potenciales, activando motores de crecimiento.

Identificamos y desarrollamos impulsores de rendimiento de los procesos de negocio para vincularlos a indicadores clave y alinearlos a las necesidades de la demanda de un mercado cada vez más exigente que permitan alcanzar los objetivos y metas del negocio.

Tales impulsores de rendimiento de los procesos, muchas veces, no se logran visibilizar debido a una deficiente comprensión del entorno y, por consiguiente, de una defectuosa evaluación de los riesgos.

La carencia de un enfoque de procesos y de una rigurosa evaluación y gestión de riesgos impiden detectarlos a tiempo e identificar las oportunidades que permiten el desarrollo de ventajas competitivas suficientemente diferenciadoras de la oferta de valor y que aseguran continuidad y sostenibilidad.

“Somos lo que hacemos día a día; de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”. Aristóteles.

Gestionar riesgos de seguridad y salud en el trabajo, una necesidad para ser sostenibles

Gestionar riesgos de seguridad y salud en el trabajo, una necesidad para ser sostenibles.Las organizaciones, luego de la última pandemia que generó un dramático impacto en las generaciones que tuvieron que afrontarla, han tenido que reevaluar su contexto y, sobre todo, la manera en que venían gestionando sus riesgos, no solo en el ámbito de su actividad dentro de un determinado sector económico, sino principalmente como lugar, destino, o entorno de trabajo para las personas, con vínculo laboral o no, que al tiempo de tal episodio sanitario global jamás imaginaron tener un aprendizaje tan traumático de lo que significa mantenerse saludable y que nunca antes, desde que tuvieron uso de razón, siquiera tuvieron conciencia plena de que toda forma de trabajo, sea que ya lo hubieran tenido o buscaban obtenerlo, debía reunir las condiciones que le permitan siempre mantener un equilibrio entre “trabajo-familia-proyecto de vida” como eje para conservar una salud mental con influencia favorable en la salud orgánica. En tal sentido, la identificación de los peligros que surgen en un lugar, espacio, área o entorno de trabajo y la evaluación y control de los riesgos asociados que podrían perjudicar la salud y el bienestar de los trabajadores son los principios clave del proceso para garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable; en consecuencia, el planteamiento sistémico para abordar la complejidad de “la nueva normalidad” a fin de gestionar un entorno de trabajo seguro y saludable nos lleva necesariamente por el camino de la adopción de buenas prácticas a través de la implantación y mantenimiento de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – “SST”, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ratificación de los convenios fundamentales sobre SST (Convenio núm. 155 y Convenio núm. 187) ha sido una decisión muy importante para incluir y continuar expandiendo sus criterios, cada vez con mayor conciencia y compromiso, para su adopción progresiva en regulaciones internas de los países, pues un «medio ambiente de trabajo seguro y saludable» es principio y derecho fundamental en el trabajo. Sin embargo, la brecha de cumplimiento es aún muy grande. Se conoce que el absentismo laboral por causas que atañen a la SST no solo tiene impacto individual en el trabajador y en su entorno familiar, quien debe ser siempre el eje de atención principal, dado que el cuidado de su salud e integridad es inmanente a su dignidad como persona, sino que también el impacto social como carga económica que genera las malas prácticas de seguridad y salud que causan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ya se estima puede estar alcanzando directa o indirectamente en un 4% del PBI global cada año.

Acoso laboral

La vigilancia permanente sobre cualquier forma de acoso para evitarlo es un deber de todo autentico liderazgo

¿Cómo identificar el acoso laboral?

El acoso laboral es una forma de violencia que se produce en el ámbito laboral y que constituye un riesgo psicosocial que justifica una gestion anticipada para identificarlo y prevenirlo dado que puede tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de los trabajadores. El acoso laboral puede manifestarse de muchas formas, desde el abuso verbal hasta el acoso físico.

Para identificar el acoso laboral, es importante estar atento a los comportamientos y actitudes de los compañeros de trabajo y de los superiores. Algunos signos de acoso laboral incluyen:

• Comentarios ofensivos o insultos.

• Amenazas o intimidación.

• Exclusión social o aislamiento.

• Acoso sexual.

• Acoso físico.

• Trato desigual o discriminatorio.

• Acoso psicológico.

• Acoso por raza, género, edad, discapacidad, orientación sexual u otra característica protegida.

Si sospecha que está siendo víctima de acoso laboral, es importante que busque ayuda inmediatamente. Puede hablar con un miembro de la familia, un amigo o un profesional de la salud mental para obtener apoyo. También puede comunicarse con su empleador al más alto nivel jerárquico y/o al responsable del cumplimiento y, mejor áun, si acaso existe disponible un canal de denuncias o equivalente para formular inquietudes, para informarles de la situación y buscar ayuda.

¿Cómo lidiar con el acoso laboral?

El acoso laboral es una situación difícil y desagradable que puede afectar la salud mental y emocional de una persona. Si está experimentando acoso laboral, hay algunas cosas que puede hacer para lidiar con la situación:

a) Es importante que documente todos los incidentes de acoso laboral. Esto incluye anotar la fecha, hora, lugar y detalles de cada incidente. Esta información puede ser útil si decide presentar una queja formal.

b) Hable con alguien de confianza sobre la situación. Esto puede ser un amigo, un miembro de la familia o un profesional de salud mental. Esta persona puede ofrecerle apoyo y ayudarle a encontrar una solución.

c) Hable con su supervisor o gerente. Explique la situación y solicite ayuda para resolver el problema. Si su supervisor o gerente no toma medidas para abordar el acoso laboral, considere presentar una queja formal.

Finalmente, si el acoso laboral persiste, considere buscar asesoramiento legal. Un abogado puede ayudarlo a entender sus derechos y cómo puede protegerse a sí mismo.

¿Cómo prevenir y abordar el acoso laboral?

El acoso laboral es una forma de comportamiento inapropiado que puede tener un impacto negativo en el lugar de trabajo. Es importante que los empleadores tomen medidas para abordar el acoso laboral en el lugar de trabajo.

  1. Los empleadores deben establecer una política clara y explícita sobre el acoso laboral. Esta política debe incluir una definición clara de lo que se considera acoso laboral, así como una lista de los comportamientos inaceptables. Esta política debe ser comunicada a todos los empleados y debe estar disponible para su consulta.
  2. Los empleadores deben establecer un sistema de denuncias para que los empleados puedan informar de cualquier comportamiento inapropiado. Esto debe incluir una forma de presentar una denuncia, así como una lista de los pasos que se tomarán para investigar y abordar la denuncia de manera rápida y justa.
  3. Los empleadores deben asegurarse de que todos los empleados reciban una formación adecuada sobre el acoso laboral. Esta formación debe incluir información sobre los comportamientos inaceptables, así como sobre los pasos que se deben tomar para abordar el acoso laboral, de tal manera que conozcan la vía para informar cualquier incidente de acoso laboral, así como una lista de los recursos disponibles para ayudarles a lidiar con el acoso.

Finalmente, los empleadores deben asegurarse de que se tomen medidas disciplinarias adecuadas cuando se detecte acoso laboral. Esto puede incluir una advertencia verbal, una suspensión o incluso el despido.

Tomar medidas para abordar el acoso laboral en el lugar de trabajo es esencial para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Los empleadores deben establecer una política clara sobre el acoso laboral, establecer un sistema de denuncias, proporcionar formación adecuada a los empleados y tomar medidas disciplinarias adecuadas cuando se detecte acoso laboral.

 

Canales de Inquietudes (Sugerencias, Quejas y Denuncias): Herramienta eficaz de mejora de gestión y procesos

Facilitar y diseñar un canal de inquietudes, indistintamente que se decida por obligación legal o contractual, más que de forma voluntaria, es decir, asegurar el fomento de las inquietudes que puedan surgir entre los usuarios de nuestros servicios o, mejor aún, de las “partes interesadas” que hayamos identificado como eslabones de la cadena de valor por cuyo prisma de “interés” nuestra organización o emprendimiento espera satisfacer requitisos y expectativas para ganar no solo continuidad de negocio, sino principalmente sostenibiidad, sea a través de cualquiera de las manifestaciones de tales inquietudes como podrían ser, por ejemplo, sugerencias, quejas o denuncias (Norma ISO 37001:2016 numeral 5.2 literal f) concordante con el 8.9, literal a) y c)), así como su facilitación de acceso para poder formularlas sin restricciones, vale decir, con plena libertad, a través de canales “idóneos”, constituye una actividad que exige evaluar el contexto en que pueden surgir tales inquietudes atendiendo a nuestros procesos y sus interacciones y niveles de complejidad y que siempre deben conllevarnos a transitar por un diseño simple, intuitivo y amigable y que pasa por eliminar cualquier forma que pueda ser percibida por parte de quien desea poner en conocimiento un evento que le afecta en forma real o potencial, cualquiera fuera la naturaleza de lo que se desea comunicar, de que se trata de un proceso engorroso o de difícil comprensión para acceder o finalmente para poder lograr comunicarse y que lejos de poder fomentar o incentivar que se comunique o se de noticia de alguna situacion que debería interesar regularmente conocer a la organización, más bien podría representar para un ciudadano promedio algún tipo de restricción o simplemente una señal distante a la que debería ser una que le inspire o genere “confianza” de que su noticia sea reciida, escuchada, valorada y tenga respuesta oportuna y adecuada a sus razonables expectativas, trámite que requiere sea admitida y tramitada con un interés célere, dado que en el caso que el usuario del canal haya elegido comunicarse en forma anónima, muchas veces tal elección responde a que se desea, en primer lugar, conocer que tan comprometida y dispuesta está la organización o el receptor de su denuncia para atenderla y brindarle todas las seguridades de que no será pasible de represalias si acaso decidiera revelar, en algún momento del trámite, su identidad. Este contexto de la necesidad de brindar señales claras de una atención preocupada en recibir la noticia más allá de las formas, diligente en su impulso para conocerla y darle seguimiento oportuno para que se resuelva o genere una respuesta dentro de plazos razonables, en general, es lo que puede marcar la diferencia entre una organización auténticamente preocupada por “escuchar la voz del cliente” (interno o externo) para mejorar su gestion y sus procesos de negocio y aquella que no está tan predispuesta a aprovechar las oportunidades que le brinda el recoger permanentemente la percepción de los destinatarios de sus acciones, interacciones y servicios y/o productos. De ahí la importancia de trabajar mejor el diseño de los canales plasmando en ellos elementos clave de conceptos tales como “experiencia del usuario”, “accesibilidad y disponibilidad de la información”, lo que cual conlleva brindar desde la primera oportunidad que se tiene con el usuario, cualquiera fuera la interfaz o forma empleada, facilitar una orientación simple y clara del trámite, las formas en que podrá hacerle seguimiento y los plazos en cada fase hasta su resolución final, todo ello a fin de lograr una colaboración eficaz en que vía señales claras de “confianza” que se puedan emitir tempranamente podamos conseguir suficientes elementos de juicio y de convicción (evidencias, indicios o pruebas) para mejorar la gestión, los procesos y/o finalmente resolver una inquietud en cualquiera de sus modalidades que formule el usuario, cliente o parte interesada.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los que actúan por cuenta y en favor de ella

por Juan José Peralta Morales

CEO Virtual Risk Management

Indistintamente del sistema legal imperante en cada país, desde hace ya algunos lustros se ha intensificado en las políticas criminales el propósito de perseguir los delitos de corrupción que se cometen valiéndose de las personas jurídicas como instrumentos que facilitan la materialización de los mismos aunque , desde luego, siempre tienen a la persona natural – en su diverso rol que asume dentro de la organización o relacionándose formalmente con ella tal como más adelante explicamos – como el agente que mediante su acción u omisión detona el desenlace de los citados eventos criminosos.

En el caso de los países con tradición legal romano-germánica, por citar un ejemplo, no obstante que las personas jurídicas son entes abstractos, al reconocerse que desempeñan un rol preponderante en el mercado, la probable desviación de sus fines debido al accionar concertado o individual de alguno o algunos de sus dependientes o relacionados a ella bajo su autoridad, supervisión y control, representa desde la perspectiva de la teoría de la imputación objetiva, un aspecto muy sensible ante el escrutinio público, como lo es la ‘peligrosidad social’ que podría adquirir su conducta organizacional y que es plausible en los recientes escándalos de corrupción de grandes corporaciones con graves repercusiones sociales, políticas y, principalmente, económicas.

En consecuencia, ante el incremento de este fenómeno de la corrupción, por decir lo menos, dado que es preciso reconocer que la globalización de las comunicaciones tal vez, sin dejar de considerar al crecimiento demográfico como una variable constante, simplemente ahora lo hace más evidente que antes, determina que el Estado, ante el dilema que le impone su deber de garantizar la vida social en armonía con el bienestar ciudadano – entendiéndose esta aspiración libre de corrupción que comprobadamente profundiza la desigualdad – al ver desbordada su capacidad material para enfrentarla con eficacia debido a la falta de recursos idóneos y que además es ineficiente en gestionarlos, no ha tenido mejor alternativa que liberarse de esa espada de damocles que representa el repudio social por su inacción y verse obligado a relajar el principio de la ‘presunción de inocencia’.

Pues, efectivamente el Estado – paradójica y contradictoriamente al carácter residual del derecho penal (principio de ‘ultima ratio’) por el cual se persigue el delito de oficio – a través de la Fiscalía como titular del ejercicio de la acción penal y por cuyo fundamento se le impone el deber de probar su acusación – ha decidido relajar el principio de ‘presunción de inocencia’ y trasladar a la propia persona jurídica la carga de la prueba de que no es responsable penalmente (y no administrativamente como confusamente se ha etiquetado) o lo es de manera atenuada, frente a hechos que presuntamente se le pueden atribuir como delitos, siendo que el Estado lo hace a través de habilitarle un mecanismo que le permita lograr se atenúe o, en el mejor de los casos, se exima, de responsabilidad penal, como sería el caso si decide voluntariamente implantar un ‘modelo de cumplimiento o de prevención de delitos’ antes que éstos se cometan y que logren acreditar a través de los elementos, recursos, acciones y controles implantados en dicho modelo para prevenir, detectar y enfrentar el riesgo de eventos de corrupción, que igual se cometió tal ilícito, a pesar del diligente esfuerzo organizacional por impedir o reducir tales riesgos.

Sin embargo, no basta solo implantar este modelo de prevención, sino que ya a la luz o del contexto del análisis que se realiza para acreditar que la conducta se encuentra prevista en la ley como delito, luego vincular al agente que lo cometió como responsable, indistintamente de su grado de autoría y participación, se debe tener la capacidad probatoria de acreditar que los controles establecidos en el modelo de prevención implantado eran razonables y proporcionales – vale decir, idóneos para sus procesos según la evaluación de riesgos practicada – de tal manera que con dicha trazabilidad de actos de prevención y detección y, en algunos casos, actos de debida diligencia, se pueda evitar que las autoridades y órganos auxiliares del sistema de justicia se formen convicción de que existió falta de supervisión y control por parte de la persona jurídica a través de sus estamentos jerárquicos y operativos, si acaso cuidó de dotarse de una eficiente organización interna.

Lo expuesto anteriormente exige de parte de los responsables de implantar un modelo de prevención de cumplimiento, sea cualesquiera la materia relacionada a su ‘core’, como podrían ser la seguridad y salud, medioambiente, antisoborno o anticorrupción, por citar algunos ejemplos, que no solo conozcan estas materias, sino que principalmente conozcan las mejores prácticas y metodologías del ‘management’, es decir, gestión empresarial y, mejor aún, si cuentan con experiencia gerencial, dado que es determinante que tales ‘competencias’ se traduzcan en un real valor agregado en la definición de procesos, controles e indicadores que eviten que una organización pierda continuidad de negocio al ser eventualmente pasibles de una sanción máxima de clausura y cierre definitivo de actividades y en el caso de los representantes (Directores, gerentes, jefes, etc.) o dependientes relacionados (Colaboradores, socios de negocio,.etc.) que actúan bajo la autoridad, supervisión y control de los primeros, sean condenados y hasta privados de su libertad personal, además que en todos los casos de encontrárseles responsabilidad penal deberá asumir el pago de la reparación e indemnización civil por daños y perjuicios.

Una forma óptima de implantar un eficaz modelo de prevención es hacerlo, con un esfuerzo de adaptación al tamaño, complejidad y nivel de interacción con sectores especialmente regulados y/o autoridades o funcionarios públicos, bajo estándares y prácticas internacionales, por ejemplo, las normas ISO, entre ellas, una que especialmente se adapta muy bien a estos fines de prevenir el delito, es la ISO 37001:2006 de Sistemas de Gestión Antisoborno, además, por supuesto de las ISO 19600 Sistemas de Gestión de Cumplimiento, ISO 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal, ISO 26000 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social e ISO 31000 Gestión de Riesgos, aunque sólo la ISO 37001 es certificable y más empleada para estos efectos, siendo importante destacar que esta norma se puede emplear en conjunto con otras normas muy conocidas como la ISO 9001, 14001, 27001, 18001-45001.

Toma de decisiones eficaces= Sistemas de información diseñados para proveer análisis alineados a indicadores

La importancia de la pertinencia y transparencia (en su acepción de “fidedigno”) de la información en la antesala del análisis que sirve para la toma de decisiones, es crucial en situaciones en que fallan las competencias organizacionales desarrolladas para poder identificar anticipadamente factores del entorno interno y externo generadores de probabilidad e impacto de riesgos. Esto último no sería un desenlace que ocurriría si acaso se permitió construir un sistema de información capaz de alertar tempranamente desviaciones respecto a los parámetros o rangos de comportamiento de algunas variables que se deberían predeterminar o juzgar, luego de una rigurosa valoración de su interdependencia, como correspondientes a un nivel de “tolerable” de riesgo, vale decir, que no impedirá la continuidad del emprendimiento, organización y/o negocio y menos, en prospectiva, afectará su sostenibilidad y el cumplimiento de sus fines.

En tiempos de alta incertidumbre, como los que vive hoy el mundo por la pandemia y sus severas consecuencias en el ámbito socio económico, será vital crear, sino acaso fortalecer los sistemas de información que ya se poseen para darles un enfoque más robusto de “gestión de riesgos” y de un diseño “ágil” tanto en su diseño de estructura de base de datos como en su diseño de recolección, afluencia y convergencia de data, para superar con éxito la etapa post-confinamiento sobre la base de decisiones soportadas en información objetiva, imparcial, holística, y así no sucumbir en la frustración de nuestras aspiraciones, tanto de nuestros proyectos de vida, así como ya tratándose de organizaciones y/o empresas, no perder vigencia y cuota de mercado o, peor aún, salir del mismo.

Entonces, el concepto de las “alertas tempranas” adquiere particular relevancia para diseñar y dotarse de un sistema de información que en principio no debe ser complejo, sino que la tarea radica en priorizar con un enfoque de procesos y pensamiento de gestión de riesgos todas aquellos puntos críticos dónde se identifica mayor exposición de posible materialización de peligros que afecten la continuidad y sostenibilidad del emprendimiento, negocio u organización cualesquiera, visionando holísticamente los sucesos de actividades y tareas, además de las rutinas “flotantes” o ” comunicantes”, dentro de cada etapa de los procesos involucrados con un claro esfuerzo de apreciarlos dentro del contexto de relación de causa-efecto, con la finalidad de identificar riesgos, generar estrategias y planes de respuesta o restauración de la actividad o core para darles tratamiento idóneo, establecer los controles preventivos y monitorear su eficacia.

El sistema de información que sirva para la toma de decisiones debe ser capaz de identificar la oportunidad, con una prospectiva de escalonamiento y criticidad de probabilidad de ocurrencia y severidad del impacto en la continuidad, para registrar: eventos=> incidentes con la finalidad de analizarlos y diseñar planes de acción y control para evitar y/o mitigar los riesgos que, de materializarse, hagan sobrevenir una =>emergencia=>crisis=>desastre. Estas recomendaciones son parte de las tareas de implantación de un Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales que comprende al Sub sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.

Establecer objetivos estratégicos y desarrollar indicadores para medir el nivel de avance y cumplimiento de los mismos es vital para todo Modelo de Negocio u Organización. Los Sistemas de Información deben dar el soporte para recolectar y proveer datos destinados a garantizar la “Evaluación de Desempeño” de la Toma de Decisiones y perfilar mejor al emprendimiento u organización. Es clave saber qué información analizar (alineada a la estrategia), cómo transformar la informacion (integrada desde una perspectiva multidisciplinaria de todas las áreas de conocimiento y partes involucradas en el core y en cada interacción operativa) y qué información de calidad generar (disponible en dashboards) para aportar valor a la Toma de Decisiones.

Gestionar el riesgo de salud para protegerla empieza por velar y educar para tener un balance nutricional

Nada más importante ahora que mantenerse saludable para poder afrontar en mejores condiciones, en general, ante una situación de crisis y, en particular, a esta pandemia.

Antiguamente se decía: “mente sana en cuerpo sano. Otros decían: “prefiere a la libertad que al poder y a la salud antes que a la riqueza. Pues nada es mas cierto que en el iter de la vida es preferible buscar de manera sucesiva y sostenida, casi en cuotas similares de aportes voluntarios, ahorrar en el mejor Banco que es el de la Salud.

Buscar alimentarse de manera saludable es muy importante, tanto como mantener el optimismo y la serenidad para tomar las mejores decisiones que nos ayuden a sobrellevar la crisis, evaluando los escenarios que nos trae la denominada”nueva convivencia” para encontrar oportunidades que nos permitan superar con éxito la post cuarentena. Hacerlo siempre de manera sostenida redituará mucho más que buscar per se la impronta de la inmediatez e insensatez de querer vencer la guerra de la pandemia, que será larga, con tan solo una batalla: Del corto plazo. Compartimos unas ideas de Ana Opris. WFP Programa Mundial de Alimentos de la ONU, a través de Medium.👇

https://historias.wfp.org/ideas-para-reflexionar-7-consejos-para-mantener-una-dieta-saludable-frente-al-coronavirus-62043e66826a

COVID-19: Amenaza con un Corolario de Oportunidad:”La Solidaridad se amplifica siendo más Eficientes”

Contexto:Cuestiones para replantear prevención y acción de respuesta

Es comprensible, por voluntaria toma de conciencia, sino acaso por empatía social, que sintamos impotencia de querer, y tal vez hacer lo que esté a nuestro alcance, pero al mismo tiempo vernos maniatados de no poder hacer más en la medida que se necesita, por todas aquellas personas o sectores que ante la emergencia del brote del COVID-19, resultan ser la población más expuesta o vulnerable, según las autoridades de salud, a contagiarse por las múltiples formas identificadas hasta el momento y que sean quienes desarrollen la infección desencadenando una inminente neumonía que tal vez no se pueda atender a tiempo o, simplemente, al llegar a un centro hospitalario no pueda tener oportunidad de contar con disponibilidad de equipos médicos idóneos, riesgo que lamentablemente para ellos, pese a todo el esfuerzo y nivel de compromiso que adquiramos, no desaparece, aún cuando puedan aislarse a tiempo, dado que siempre habrá necesidad de tener contacto con el mundo exterior a su lugar de confinamiento con la finalidad de aprovisionarse de atención para sobrevivir. Situación dramática que, entre tanto no se descubra una vacuna o perfeccionemos las formas de evitar el contagio, no hace más que obligarnos a replantear todo lo que hemos venido haciendo para que los círculos o grupos más próximos o algo más distantes a nosotros, pero finalmente seres humanos, no sean víctimas fatales de esta pandemia.

Gestión de Riesgos: Planificación de Objetivos y Acciones Preventivas

En primer lugar, si la posibilidad del contagio es inminente debido a la necesidad de interactuar con esta población vulnerable, la eficiencia en el cumplimiento riguroso del protocolo sanitario instruido debe ser tal que se practiquen y se realicen simulaciones permanentes de rutinas de las acciones que deben seguirse para asegurar la asepsia y distanciamiento social, al menos en los siguientes tres ámbitos: 1) Cuando salimos del lugar de confinamiento e interactuamos con terceros para adquirir provisiones de cualquier índole hasta que nos desprendemos de nuestras ropas e indumentaria u otros elementos de protección (EPP’s) y regresamos a internarnos otra vez, debiendo manipularse con cuidado los objetos que van a ser destinados a la limpieza inmediata (ejem. zapatos, ropa, gafas, billetera, monedero y/o tarjetas de crédito, envolturas de objetos y/o alimentos que traemos para internarlos) y/o al desecho respectivo, cuidando la asepsia en cada fase de su tratamiento al manipularlos, alistarlos, envolverlos, transportarlos y dejarlos en los recipientes y/o lugares que sirven de botaderos de basura o de residuos sólidos; 2) Cuando manipulamos los objetos internados, según su clase y el tipo de material, a fin de evitar conservar o prolongar que el virus se encuentre activo, sin son artículos desinfectantes o de aseo u otros, o alimentos a los cuales se va a refrigerar, por ejemplo, que ya por sí mismos, éstos últimos demandarán se vigile con mucha atención se manipulen y desinfecten de manera idónea debido al conocimiento que se tiene de que este virus se puede mantener activo en temperaturas frías y, por otra parte, habrá que preferir consumir los alimentos cocinados para reducir el riesgo de que se haya podido quedar algún remanente del virus luego de la limpieza efectuada, pudiendo de esa manera eliminarlos vía su exposición a la alta temperatura de la cocción; 3) Cuando interactuamos con el grupo familiar o con los que nos toque compartir el lugar de confinamiento, dado que habrá que revisar y repasar los momentos o puntos críticos de mayor aproximación entre sí o con objetos cuya manipulación se comparte uso, tales como pestillos, manubrios, manijas, dispositivos móviles, etc., incluyendo los jabones, para que exista suficiente tiempo de lavarlos con abundante agua antes de contar los 20 segundos de rigor, para el lavado de manos, recomendado por las autoridades sanitarias

Recursos: Apoyo a trazabilidad para evaluar eficacia de prevención

En segundo orden, es importante estar alertas hasta el momento en que se identifiquen síntomas similares o iguales a los publicitados por autoridades sanitarias “oficiales”, eventos que deberán, en lo posible, anotarse con fecha y hora, dado que es crucial realizar actos de debida diligencia, tanto para el oportuno aislamiento, como para ayudar a la “trazabilidad” en el conocimiento del comportamiento del virus y sobre su posible mutación, contribuyendo a la ciencia médica a perfeccionar las acciones preventivas, reiteramos, hasta que se pueda desarrollar la vacuna o tratamiento que reduzca su tasa de contagio y mortalidad. Pues, estamos ante una carrera contra el tiempo y que la debemos correr todos con responsabilidad social antes de que se expanda mucho más el contagio y sus efectos que, desde luego, buscamos evitar, casi emulando un comportamiento de “manada”, como expresión primaria y natural de nuestra especie a la que debemos apelar por su potente mensaje educativo del instinto de protección y preservación “comunitaria” frente a agentes externos que nos amenazan.

Ganar competencias preventivas

Resulta crucial que todos adquiramos un nivel aceptable de entrenamiento, pues los más llamados a liderar y promover esta educación sanitaria, deberán ser los adultos, ya que aún no siendo población vulnerable o, tal vez, tras haberse ya contagiado, pero haber sólo presentado síntomas leves, o incluso enfermado sin desarrollar infección por neumococo o finalmente ser asintomático, solo por citar algunos ejemplos de interacción, podemos potencialmente ser agentes responsables de transmitir el virus, máxime si pertenecemos a grupos de trabajadores relacionados a los sectores de actividades categorizadas por las Leyes de emergencia sanitaria como “esenciales”(que no paralizan), en consecuencia, “habituales” durante el periodo que dure el confinamiento o la emergencia. De todas maneras, igual resultan aplicables estos criterios para todos aquellos que en el futuro por disposición permisiva legal queden “habilitados” para desarrollar actividades destinadas a generar los ingresos necesarios para sostenerse o para procurarlos a la familia o al negocio o emprendimiento, sea cualfuere su forma de organización, si se trata de personas que ejercen liderazgo o posiciones necesarias para generar o mantener el empleo de colaboradores o de terceros a cargo o que dependen de la cadena de valor de nuestra actividad, sea perteneciente al sector privado o al público o estar sirviendo o participando de un encadenamiento productivo entre ambos.

Nunca antes, por lo menos para la generación de los milennials en adelante, ha existido una experiencia similar y de tan insospechadas proporciones en sus efectos, a la que vivimos ahora con la amenaza casi paralizante y cuyos planes para afrontarla son aún inciertas para los diferentes sectores de la actividad socio-económica del globo, especialmente para aquellos que no son considerados “esenciales” frente a la necesidad de continuar operando ante la emergencia sanitaria. Desde luego que se están haciendo esfuerzos en un planeamiento para que pronto operen, conforme crezca la presión social para salir del confinamiento a fin de procurarse de los medios para subsistir. Lo mismo se puede decir que nunca antes se tuvo más conciencia de aquella máxima popular “Guarda pan para Mayo”, dado que solemos no estar acostumbrados a planificar y menos a simular escenarios de impacto que podrían generarse a partir de eventos que podemos controlar o no.

Frente a esta insuficiencia de capacidad preventiva del ser humano promedio y que representan las grandes mayorías, tampoco por ello justificable y sin ningún animo de etiquetar o discriminar a nadie, sino tan sólo para intentar ejemplificar de algún modo la necesidad de incorporar transversalmente el “enfoque de riesgo” en nuestro “quehacer responsable”, dicha escasa capacidad preventiva tampoco es una característica o realidad muy distante o ausente en algunos que ejercen algún tipo de liderazgo o asesoran decisiones en las organizaciones, tanto en el sector privado, así como con alguna mayor incidencia en el público, dado su rol generador de políticas públicas de alto impacto en la ciudadanía, con la diferencia frente al privado(que responde a un interés particular) de que manejan y ejecutan recursos del erario público que les impone una cuota adicional de diligencia en la vigilancia de que se apliquen con oportunidad y con “rendimiento social” (retorno, eficacia y efectividad del gasto/inversión), por lo que frente a tal contexto de ausencia o escaso compromiso con la “debida diligencia” resurge el desafío, casi planetario, de replantear el sistema educativo en torno a la noción de “comunidad”, cuando no de “humanidad” y antes de ” manada”, toda vez que esta emergencia sanitaria nos ha “igualado” forzosamente a todos, no obstante que por naturaleza lo somos y que, sin embargo, por mucho tiempo conforme hemos venido evolucionando y creando diferentes constructos sociales y formales de definición del Estado y sus formas de organización política, también veníamos en la práctica marcando entre nosotros, a veces, insalvables diferencias como si existiesen diferentes clases de seres humanos, nada más que una paradoja praxiológica, olvidando dramáticamente, por decirlo en modo simple, que respiramos el mismo aire, siendo que nunca antes se nos ha retado a repensar el orden internacional económico-tecnológico y legal en su dimensión de impacto en la salud y la vida, incluyendo a la no humana, llevándonos a contrastar escenarios de una aún insensata rebeldía de algunos sectores y corrientes ideológicas para no arribar finalmente a un verdadero pacto global, respetado y sancionado bajo rigurosa coercitividad interestatal que, por la naturaleza de su alcance, debería ser clamor universal a partir del cual se desagreguen deberes ineludibles para los Estados a fin de que se gestionen políticas públicas transversales y convergentes que garanticen la prolongación y bienestar de la raza humana y de las especies que hacen posible el equilibrio y sostenibilidad de la vida en el planeta.

Mejora continua: Aprender de experiencia y mejorar acción preventiva

Por tanto, la Gestión de Riesgos, debería ser una temática presente en todas las currículas académicas de un “cesareado” nuevo sistema educativo, que deberá incorporar el “trauma” de su nacimiento por no haber brindado de manera suficiente, a juzgar por lo resultados a gran escala de una mal cuajada conciencia social frente a las amenazas globales, las herramientas de pensamiento básicas para gestionar los riesgos y peligros, permitiendo tomar consciencia plena de los impactos y posibles escenarios que se podrían generar a partir de decisiones compartidas o adoptadas por mayorías por parte de los Estados, pero que nunca más tales riesgos dejen de “mapearse”, y qué mejor contenerse en matrices de riesgos, sin que se generen idóneos planes de acción y controles que en periodos regulares de tiempo puedan en pasibles de que se mida su eficacia y efectividad para evitar, reducir, mitigar, transferir y, en todo caso, si no se aplicase ninguna de las condiciones anteriores, aceptar o tolerar los riesgos, pero controlando sus efectos, generando y probando Planes de Alternos, de Contingencia y de Emergencia, así como Planes de Control de Daños o de Mitigación de sus Efectos, habiendo para ello antes dimensionado los mismos, bajo una metodología de gestión de riesgos estándar o ad hoc que orienta valorar la probabilidad e impacto de los riesgos y su eventual materialización del peligro.

La Eficiencia que se logre, tanto en lo preventivo como en la acción, a nivel personal, organizacional, en el ámbito privado o público, en términos de haber agregado valor real, eliminando todos los tiempos excedidos (just in time), actividades redundantes, desperdicios de horas hombre y recursos por causas de un mal diseño o definición de procesos que afecten la continuidad y sostenibilidad de la actividad- al final de la cuenta “gestión transversal de riesgos”, contribuirá a generar aquella estructura que garantice el máximo aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y financieros, por definición escasos, que permitan generar y acumular al mismo tiempo “riqueza” en competencias y experiencia, activos no financieros y desde luego riqueza financiera, ahorro que permita, sino evitar con la diligente inversión en acciones preventivas, afrontar con mayor capacidad de maniobra los riesgos y amenazas con un mayor control de su impacto o efectos. La eficiencia así descrita y lograda en el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, será una auténtica plataforma de solidaridad, porque tal vez hoy se podrá compartir lo que no se tenga tal vez de manera suficiente para sí mismos o para nuestros grupos familiares o afines, pero cuando producimos excedentes basados en procesos bien definidos bajo criterios de eficiencia y efectividad, guiados por Objetivos identificados dentro de un Planeamiento Estratégico y por un diligente Modelo Preventivo de Gestión de Riesgos transversales o de Cumplimiento -finalmente en el contexto de la presente emergencia sanitaria de “gestión de vida”- nos habremos procurado un ahorro o riqueza que, bien administrada, nos permitirá ser más “Solidarios”, pero de manera sostenible, colaborando y ayudando para que se genere más riqueza en toda nuestra cadena de valor o en torno a ella, en la que encuentra inmersa o adscrita nuestra actividad personal, emprendimiento u organización, sin afectar su continuidad y/o sostenibilidad.

Finalmente, si lo hemos terminado de entender, la eficiencia en la acción de rápida respuesta ante la emergencia, ya desbordada en cifras globales de contagios y víctimas fatales, debería demandar por parte de las autoridades nacionales y organismos internacionales, en estos tiempos de lucha contra el reloj, de hacer eficientes las acciones de la ciencia y que en buena medida la impulsan las corporaciones privadas de la salud, tanto para el desarrollo de la vacuna como para la fabricación de equipos e implementos médicos necesarios para evitar más contagios, protegiendo a nuestros soldados de la salud que se encuentran dando la dura batalla contra el virus, así como para salvar más vidas con la mayor infraestructura posible, tales como la dotación de ventiladores o equipos de ventilación artificial para los pacientes en cuidados intensivos, evitando la fatiga y el trauma de aplicar el código de fase 4. En buena cuenta, existe hoy por hoy la imperiosa necesidad de “suspender” la regulación de patentes que rige en épocas normales, de tal manera que se habiliten convenios y se cedan patentes bajo diferentes modelos de asociación participativa con el patrocinio internacional para fomentar un trabajo en conjunto con tareas compartidas -y no separado como hasta ahora se hace mediante esfuerzos dispersos aunque no menos meritorio, como si se tratara de una carrera por ganar un premio dinerario- para poder sumar equipos de los más connotados científicos en un esfuerzo transnacional que acelere el desarrollo de la vacuna que necesita la humanidad. Pues, si hay ganancias que repartir será justo, pues habrá de todas maneras una alta demanda que podrá satisfacer las expectativas de aquellos que sabiamente sepan anteponer el bien común sobre la cifra fría de una ganancia.

Juan José Peralta Morales

CEO Virtual Risk Management

Prevención de Riesgos en Seguridad y Salud evita responsabilidades

En toda época, la prevención de riesgos en seguridad y salud por parte del empleador, es un deber ineludible para evitar afrontar el riesgo de ser pasible de una imputación por responsabilidad penal (en la persona de su representante legal y/o gerentes), cuando no antes, acarrear responsabilidad administrativa y/o civil, si no se identifica oportunamente el riesgo regulatorio y adopta las acciones orientadas a evitar, reducir o mitigar los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo que se puedan materializar.

¿Hacia una Corte “Virtual”?: Involucionar para innovar la gestión de riesgos en una Administración de Justicia, más cerca, oportuna, predecible y de alta calidad en su impacto conductual-social.

Quién no anhela una justicia prístina e impoluta por su arraigo a la búsqueda de una auténtica paz social, incluyendo a la justicia “administrativa” que nada menos tiene al Estado como a la “otra parte” actuante en conflictos de diverso origen de reclamación social, a la que se acceda “asumiendo” un determinado “costo”, pues sí, efectivamente como se advierte, asumiendo el valor o costo que representa acudir a ella que justifique el cifrar expectativas para obtener un resultado “satisfactorio” en términos de encontrar un desenlace esperado como correlato natural del nivel alcanzado de predictibilidad de un sistema de justicia, excepto la justicia penal que dada la connotación del ius puniendi (El delito se persigue de oficio) y que constituye el basamento de la potestad sancionadora del Estado, exige un tratamiento especial.

Dado que el derecho a la justicia o, lo que es lo mismo para los efectos de este análisis, al acceso a ella, es un derecho humano reconocido por la Convención Americana (art. 25. Debido Proceso) atendible mediante número apertus para que legítimamente cada Estado, libre y constitucionalmente, configure el mecanismo mediante el cual se podrá hacer valer observando el principio de soberanía del pueblo, resulta razonable que ante un sistema de justicia colapsado, el citado derecho pueda incorporar la capacidad de elegir otras alternativas rápidas de solución de conflictos, como es solicitar ante nuevos mecanismos de justicia se ampare un derecho o simplemente se acuda a él para defenderse de otro invocado por un tercero, “asumiendo” que en dicho proceso o procedimiento de justicia pueda verificarse, como eventual resultado, la variación de más o de menos, pero finalmente variación de la pretensión inicial, sea porque que la parte que lo peticiona o contrapone, o ambos, tienen la facultad de modificarla a través de los diferentes mecanismos de conclusión anticipada de los procesos, o también porque las pretensiones son reguladas y dictaminadas como amparables dentro de un debido proceso, por parte del órgano que imparte justicia.

Pues bien, si acaso adoptamos una vocación disruptiva para buscar soluciones audaces que finalmente permita cambiar la realidad desbordante, si es el justiciable quien pueda elegir el mecanismo a través del cual pretenderá encontrar justicia, al ejercer su elección asume un riesgo inherente no tan diferente al que asume actualmente en el actual modelo de justicia y, en consecuencia, resultará también perfectamente posible que su pretensión planteada pueda variar en el decurso del proceso o procedimiento de justicia, así como posible que terminen reguladas las pretensiones de las partes, claro está, si acaso los “justiciables” deciden confiar en un mecanismo que les pueda otorgar-desde su legítima aspiración- mayores garantías de calidad y predictibilidad en sus resoluciones, como obvia expectativa ciudadana.

De otro lado, el acceder a la justicia representará también asumir el costo propiamente del “tiempo” que, de todas maneras, se tendrá que insumir como valioso recurso de inversión, para afrontar el desarrollo del citado proceso de justicia que conducirá a un incierto resultado, sea éste favorable o desfavorable, aunque también relativamente satisfactorio si es valorado desde una perspectiva comparativa del “costo de oportunidad” muchas veces “no visibilizado” que, por cierto, si se lograra analizarse desde un enfoque de “ análisis económico y teleológico del derecho”, en todos los casos, podría facilitarse el camino para arribar al “mejor acuerdo negociado”(MAN), siendo que en uno u otro caso de los escenarios descritos, a todas luces, involucra un alto valor o costo de acceder a la justicia.

En definitiva, el acceso real -y no formal- a la justicia, entendida como Sistema de Justicia, nunca es gratuita, como sí en cambio se suele publicitar, a nuestro entender, con cierta miopía o deliberada intención negacionista de la realidad desbordante de justiciables in crescendo para la actual infraestructura de justicia con que se cuenta, dado que quien accede a ella de antemano asume que tendrá que transcurrir un tiempo francamente excedido más allá de los oficiales plazos que nominalmente establecen los Códigos Procesales. Sin duda alguna, si evaluamos este contexto, conlleva inexorablemente a que los justiciables generen expectativas, comprometiendo dinero y tiempo, especialmente éste último, valioso e irrecuperable recurso, en una espera muchas veces infructuosa, ya que más que un tiempo dedicado al seguimiento o impulso del resultado que se busca, siempre será un tiempo que habría que ser deducido del que verdaderamente debería dedicarse a la continuación del trabajo o actividad habitual para procurarse bienestar personal o familiar, lo cual hace más que evidente la falacia general en el imaginario colectivo de que la administración de justicia es gratuita y que -en una perversa medida- justificaría que el proceso de administración de justicia, como Sistema, siga siendo monopolio exclusivo del Estado.

Pues bien, dado el crecimiento de la clase media, la cada vez más lograda consciencia por parte de los ciudadanos respecto a sus derechos sociales y económicos, los conflictos sociales que crecen, a la vez que el Estado no hace lo propio en eficiencia, rentabilizando socialmente con claros indicadores el gasto social y la inversion en los que se incurre y/o ejecuta para diseñar e implantar políticas públicas efectivas, nos permite colegir de antermano que acudir al sistema de justicia siempre tomará invertir un tiempo por su naturaleza escaso, cuando no altamente valioso comparando qué se podría hacer con él si se lo valorar en términos económicos en procurase bienestar, además, con un alto riesgo de incertidumbre de que el asunto controvertido o sometido a discusión bajo la configuración de una “pretensión” formalmente presentada ante la autoridad, encuentre como correlato casi imperturbable, la satisfacción de lo pretendido y que termine siendo amparado en una solemne sentencia, posiblemente aún recurrible o impugnable, prolongándose el vía crucis.

Todo este contexto nos debe llevar a la reflexión que, desde luego, como todo en la vida, cuando se coexiste con nuestros pares en un intento social permanente de convivencia, se debe tener muy interiorizado el concepto de que el “vivir en y con paz social”, significa tener la plena consciencia de que necesitamos estar siempre predispuestos a ceder para hacerla factible, pues nuestro derecho tiene como lindero aquél dónde comienza el del prójimo.

En este contexto, ante los magros resultados de un sistema de justicia cada vez más precario por su incapacidad de respuesta a las necesidades, manifiestamente contrario a sus fines como es resolver una conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica dentro de plazos predeterminados en las normas procesales con el claro propósito de que la justicia sea alcanzada de manera oportuna, es pertinente aclarar de que dicho sistema no sólo lo representa el Poder Judicial, sino todos los Operadores de Justicia (incluyendo Policía, Ministerio Público, el gremio de Abogados, Colegios Profesionales diversos que habilitan peritos multiespecialidad, etc.) que intervienen o coadyuvan a que el vehículo denominado “proceso” (así como lo definen los Códigos o normas procesales) a través del cual las partes involucradas hacen valer su fundamentos soportados en pruebas, quienes todos ellos en conjunto hacen factible que se dicte una decisión final arreglada a Ley que ponga fin al procedimiento, controversia o incertidumbre jurídica.

Tal como se ha dejado en evidencia, si el Estado ejerciendo el monopolio del Sistema de Justicia no presenta resultados satisfactorios, vale decir, no es capaz de dictar fallos jurisdiccionales verdaderamente confiables, predecibles y dentro de los plazos predeterminados, entonces, desde la perspectiva de un Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio de Justicia, no tiene un Plan Estratégico y Mapa de Procesos organizacional, estratégicos, operativo y de soporte idóneos que le permita ser capaz de cumplir con sus propios requisitos autoimpuestos que, además constituyen requisitos legales, pero sobre todo porque así están establecidos o configurados legalmente por mandato constitucional derivado del poder constituyente y constituido que ha sido delegado por los ciudadanos en las urnas dentro un Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho, por lo que el Sistema de Justicia en cuestión, requiere inexorablemente ser replanteado a partir de una eficaz gestión de riesgo social que recoja las cuestiones externas (el  clamor social por una justicia confiable, predecible y oportuna) e internas (colapso absoluto de la ya insuficiente y deficiente infraestructura de justicia y de su capacidad de respuesta con eficaces planes de continuidad, de contingencia y de emergencia casi inexistentes, cuando no ineficaces, a juzgar por sus resultados) que luego de una prolija identificación y evaluación de los riesgos en la conjugación de su probabilidad e impacto, basado además en un profundo análisis de causas raíz desencadenantes de “nudos o cuellos de botella”, permita finalmente habilitar los “factores críticos de éxito” para alcanzar su finalidad.

Ha llegado el momento de replantear lo que se viene haciendo en términos de diseño de una política pública de administración de justicia, acorde a las crecientes necesidades de la ciudadanía y aprovechando la tecnología existente. El “acceso a la justicia” es el primer peldaño de la escalera hacia el logro del objetivo que garantice justicia de calidad, predecible y oportuna. Las estadísticas internacionales en promedio señalan que en el ámbito penal, por citar un ejemplo, el 60% del quehacer del sistema de justicia se dedica a delitos contra el patrimonio ( defraudaciones, en sus diferentes modalidades). En el ámbito civil, por ejemplo, en materia familiar aproximadamente el 65% son por materia de divorcios, alimentos, entre otros y, así también sólo como ejemplo, aproximadamente 70% de reclamaciones sociales (laborales-administrativas) son por incumplimientos del empleador y generalmente por prestaciones. También se conoce que aproximadamente existe una media de un 30% que concluyen por conciliación, transacción u otros medios alternativos o, inclusive desistimientos que hacen presumir la existencia de una composición no formalizada bajo las formas anteriormente mencionadas. El reto a imponerse es cómo, en contraposición a procesos con alto grado de incertidumbre, sea bien por falta de predictibilidad, integridad o plazo, la sociedad puede tener la oportunidad de que a través de políticas públicas que conlleven el control de procesos externos, como lo sería la “tercerización o externalización de la administración de justicia”, en las materias atendibles, pueda acceder a un mejor modelo que le permita alcanzar una justicia de mejor calidad, predecible y oportuna, sin que se traslade a los ciudadanos los costos de la ineficiencia o de la falta de organización interna del Estado, como en este caso lo es el del Sistema de Administración de Justicia, que por el contrario deberían ser más bien los destinatarios de una gestión eficiente y de calidad, mismos justiciables que además en la gran mayoría de los casos, son los grupos más vulnerables, como excluidos, relegados social, educativa, cultural y económicamente hablando.

El triángulo vital para toda eficiente gestión de proyecto social, cuando los recursos son permanentemente escasos, son el Plazo (tiempo idóneo a comprometerse para satisfacer al cliente/usuario), Alcance (Dimensión de actividades o resultado o entregable a generarse u obtenerse) y Costo ( el valor multidimensional comprometido para lograr el alcance), que bien proyectado y balanceado en la interacción de sus variables en juego, permiten alcanzar resultados con calidad, al parecer, está siendo soslayado en este menester y que podría explicar el motivo que impide generar alternativas modernas de administración de justicia, partiendo desde luego en este corto análisis, sólo de una de las premisas a validarse de que sería la falta de tamaño de la infraestructura disponible de justicia lo que estaría afectando los resultados. La propuesta o tarea pendiente a ser desarrollada por la academia es diseñar desde las universidades un sistema meritocrático que ayude a construir y reconocer buena reputación que active una red virtuosa de operadores de justicia de alta calidad e integridad, en los que los ciudadanos puedan tener la oportunidad de elegir o empezar a confiar sus necesidades de composición de intereses o de justicia. Delegar jamás es renunciar al control. El verdadero reto es diseñar un proceso externalizado altamente eficiente e idóneamente controlado para las materias que resulten atendibles (excluyendo las de ámbito penal con origen en psicopatías sociales) y migrar a un mejor modelo, más amplio y comprensivo, que incluya y supere el diseño actual del arbitraje, conciliación extrajudicial y de la función notarial.

Entonces: ¿Por qué no darnos la oportunidad de construir una alternativa moderna de justicia?. La “Corte Virtual” ya puede ser una realidad a gran escala, a través de la modernización de procesos de justicia diseñados bajo un “modelado” que incorpore la “simulación de escenarios de desenlace” a través de eventuales “resoluciones finales” con los costos que representaría ( todos los costos dimensionables o equiparables posibles) para el justiciable, a manera de “marco de referencia” que informe a su criterio volitivo, el contexto para que adopte una decisión “informada” de incoar, proseguir u optar por una vía o fórmula que permita encontrar un “mejor acuerdo negociado”. Hoy se conoce, por ejemplo, la metodología BIM (Building Information Modeling) que gobiernos del mundo están adoptando para impulsar los proyectos de infraestructura de interés público y que cada vez cobra mayor expectativa por su contexto de esfuerzo en controlar la predictibilidad de costos y aportar eficiencia técnica en su modelado para arribar a diseños finales de alta calidad en términos de rentabilidad financiera y social. En consecuencia, construir un sistema tercerizado o externalizado de justicia, no debe ser más un tímido intento de descongestionar la carga procesal, sino por el contrario, debe ser la alternativa plausible para la apremiante realidad de clamor por justicia oportuna, en términos de extender y usar recursos que hoy no se aprovechan por una mal entendida función “tuitiva” del Estado, tal vez, de un resabio autoritario que proviene del denominado “Estado Policía”, cuando más bien debemos permitirnos proyectar un diseño superior al que hoy conocemos como “medios alternativos de justicia”, usando para ello la tecnología, sumando el aporte de los mejores profesionales activos y cesantes de la red de operadores de justicia y, desde luego, por que no el considerar la posibilidad de generar un sistema de jurados multiespecialidad, en un contexto “colaborativo” y de “economía circular procesal” soportado en una gran infraestructura privada que no generará mayor egreso al erario si se diseñan bien los “controles” y alertas tempranas que eviten desviaciones o “no conformidades”, lo cual le atribuye sostenibilidad a un proyecto social de tal magnitud, en el que por ejemplo, la segunda instancia lo conformen o presidan magistrados jubilados o lo más conspicuos miembros de la academia ad hoc que aporten la cuota de sabiduría para componer controversias o resolver incertidumbres jurídicas, facilitando un ecosistema que no desdeñe la reputación bien ganada de aquellos que decidieron construirla con ética y responsabilidad social por la simple maraña de ataduras de centralismo, formalismos y formulismos legales, en fín, estructura imperante muy distante de una que realmente fomente la meritocracia de origen, desde siempre, y no oportunista, que tanto daño hace a la esperanza de la ciudadanía.

Consideramos finalmente que dentro del análisis de un contexto realmente comprensivo de la realidad apremiante del Sistema de Justicia, a juzgarse por sus deficientes resultados, que recoja las auténticas necesidades y expectativas de las principales partes interesadas, cuando no de todas, priorizando lo urgente e importante que conlleve a un eficaz planeamiento estratégico en el que se establezcan objetivos generales y específicos claros a proponerse en el corto, mediano y largo plazo, coherentes, medibles y alcanzables, es lo que debe debatirse hoy por hoy para buscar gestionar el riesgo principal de la administración de justicia que es mantener en el imaginario colectivo de la sociedad su esperanza en el Estado, en su configuración democrática, anhelando que sea tenaz guardián de la garantía de las libertades individuales, como lo es el derecho de los ciudadanos quienes deben afrontar o confrontar su acceso a la justicia, sin tener que hipotecar gran parte de sus vidas a inciertos y extenuantes procesos de justicia que les toma muchas veces, hasta un equivalente al 50% del tiempo del periodo de su vigencia formal laboral, manteniendo expectativas que les acarreará un alto costo de oportunidad “invaluable” desde la perspectiva de sus ”proyectos de vida”, personal y familiar.

Juan José Peralta Morales

CEO – Virtual Risk Management