La gestión de riesgos y, por ende, la adopción preventiva de medidas de seguridad se tornan indispensables en momentos de inestabilidad y turbulencia política y social como los que actualmente vive el país y que definitivamente vienen impactando en nuestras vidas cotidianas. Tal necesidad de gestión preventiva por sí misma ni siquiera debería ser un deber inaplazable desde la perspectiva o dentro del ámbito personal o familiar, aunque de alguna manera somos conscientes de que su afán por asumirla como práctica habitual está supeditada al nivel de responsabilidad que se posea y, en cierta medida, de que conozcamos las consecuencias de no adoptarla, siendo que dicha realidad al extrapolarse a nivel país explica el por qué aun no damos el salto necesario para tener una sociedad que se comporte más acorde con sus necesidades, especialmente de crecer en capital humano y que lamentablemente sigue siendo el factor de desarrollo que siempre queda relegado en atención y prioridad por parte de las autoridades políticas que pareciera que todavía no se dan cuenta que a nuestro país, siendo tan inmensamente rico en recursos, le falta el principal combustible que impulse la “energía social” de las mayorías para que se incorporen en cadenas productivas sostenibles y mejoremos nuestra posición en el ranking global y regional respecto a los indicadores de crecimiento económico especialmente en las variables de competitividad, productividad y empleo, a fin de que impacten favorablemente en la reducción de la informalidad, subempleo, pobreza y exclusión social.
Oportunidad temprana para identificar riesgos, asignar prioridades y asegurar los factores de éxito
En cambio, en el ámbito institucional, a nivel corporativo o estatal, resulta inaceptable que como colectivo ciudadano sigamos permaneciendo pasivos a que se festine por parte de los gestores públicos que tienen el manejo de la cosa pública, aquello que en el argot de los estándares internacionales ISO se conoce como la “debida diligencia”. Pues, es sabido que por razones imperativas de la Ley la rendición de cuentas es un deber funcional exigido a los funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad la gestión y ejecución presupuestal, razón por la que a luz de los actos de corrupción sistémica que transversalmente corroe la moral pública, es ineludible que los procesos de transferencias y relevo de mandatos en los gobiernos a nivel central, regional y local, se encuentren dotados de los mecanismos preventivos que aseguren una gestión de riesgos efectiva sin que se pierda el “enfoque de procesos” en el desempeño institucional, es decir, garantizando “continuidad” de los servicios a cargo de estas entidades y que no es otra cosa que velar por la sostenibilidad estratégica.
En APROSEC, siempre colaborando con la seguridad en general, pero en concreto y ad portas de las transferencias de Gobiernos Regionales y Locales, en aras de promover actos de prevención para preservar la “continuidad institucional”, más aún tratándose de entidades del Estado que siempre deben poner al ciudadano y, antes al ser humano, como centro y eje sobre el cual gira toda la actividad que justifica la existencia y desempeño de las mismas, es que a propósito de los comités de transferencia que se vienen aprestando a coordinar las respectivas sucesiones, identificamos una extraordinaria oportunidad de mejora para simplificar y desregular estos actos de suma trascendencia para la continuidad del servicio ciudadano, introduciendo fundamentos de estándares internacionales, metodologías y mejores prácticas de gestión que informan a la calidad, agilidad y mejora continua para tener procesos eficientes ( la mejor relación entre el resultado obtenido y los recursos invertidos, entre ellos el tiempo: Productividad) y eficaces ( el mayor nivel de cumplimiento de los objetivos planteados: Meta).
Transparencia
La transparencia no puede estar subordinada al comportamiento o discreción del funcionario público y, más aún, cuando éste es Autoridad. La transparencia no puede estar postergada para una etapa final de un proceso. Pues de permitirse ello colisionaría con lo que precisamente buscan los fundamentos de las metodologías ágiles y lean, aplicados desde luego a la gestión pública, como es evitar los reprocesos, los sobrecostos que ello implica y que inciden en una ralentización de los tiempos óptimos para la prestación de los servicios, impactando en el acrecentamiento de la percepción negativa del ciudadano con la consecuente pérdida de confianza en las instituciones y sus autoridades que a su vez impulsa el círculo vicioso de la desafección cívica con una cada vez más escasa y distante participación ciudadana que se refleja en los continuos desaciertos electorales debido al poco involucramiento en auscultar la reputación personal de los candidatos, ya que está comprobado que la reputación personal -que no es la misma que la profesional – predice la reputación institucional o corporativa.
No incorporar la transparencia desde el inicio de los procesos equivaldría a sostener absurdamente que un proceso de elaboración de un producto o de la prestación de un servicio no prevenga el tener establecidos en su decurso la implementación de mecanismos de alertas tempranas- o lo que es propiamente muy usado en la implementación de sistemas integrados de gestión de seguridad – los denominados “ disparadores de riesgo”, para los efectos de garantizar continuidad y evitar que se rompa abruptamente la cotidianidad, en este caso, de los servicios públicos que no deben interrumpirse, especialmente los relacionados a los servicios básicos y la seguridad ciudadana.
Visión integrada de riesgos y seguimiento de indicadores clave del desempeño eficaz
Cuando no se tiene una visión integrada que comprenda la ramificación de los riesgos asociados a la gestión de desempeño social y de cómo pueden impactar la materialización del peligro casi haciendo un paralelismo con los efectos de una bomba de racimos, es que inmediatamente evoca la necesidad de que las autoridades elegidas no pierdan la extraordinaria oportunidad para aprovechar este primer contacto con la posta que reciben de sus antecesores a través de las mesas o comités de transferencia para rápidamente revaluar el entorno a cada proceso estratégico de los Gobiernos Regionales y Locales y en virtud de un mapeo de riesgos que pondere la continuidad de los servicios más demandados, como son la seguridad, la limpieza y un desarrollo económico local ordenado, se logre construir reputación institucional desde el primer día que es lo único que legitima el poder, potencia la capitalización humana en la comuna y garantiza un eficiente servicio en favor del ciudadano de a pie.
En la medida que los comités de transferencia de la gestión entrante reúna en su equipo a los expertos más destacados en cada área o proceso estratégico de estos Gobiernos, será el primer factor de éxito que permita a las nuevas autoridades poder cumplir los objetivos comprometidos en sus hojas de ruta para los 100 primeros días de gestión.
